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Healey Toma Medidas En Contra De Prácticas De Desalojo Ilegal En Massachusetts
Traducido por El Planeta Media. Or, here in English.
La Fiscal General Maura Healey está advirtiendo a los arrendadores y sus abogados a no comenzar procedimientos de desalojo en contra de inquilinos protegidos por el CARE Act federal, el cual limita los desalojos de personas, incluyendo residentes de viviendas de subsidio federal, hasta finales de julio.
La oficina de Healey dijo que los Fiscales saben ya de unos 50 procedimientos de desalojo registrados en el área metropolitana de Boston en contra de inquilinos que tienen protección.
“Luego de conocer esta situación, comenzamos a monitorear el expediente de la Corte de Vivienda para ver si se habían registrado otros desalojos ilegales. Ya hemos encontrado varios y vamos a tomar acciones en contra de esos también,” dijo Healey a WBUR.
A principios de este mes, Healey publicó una carta de cese a la firma de abogados Turk & Quijano, por continuar desalojando a inquilinos protegidos bajo la ley por el coronavirus.
El CARES Act cubre solo los procedimientos de desalojo por falta de pago del alquiler de ciertas propiedades alquiladas con asistencia federal o financiamiento, de acuerdo al Servicio de Investigación del Congreso.
Mientras la Corte de Viviendo del estado no está ejecutando en estos momentos desalojos que no sean de emergencia, la Corte continúa recibiendo los trámites de desalojo. Esa práctica terminará si los legisladores del estado dictan moratoria sobre los desalojos o ejecuciones hipotecarias — legislación que ahora se encuentra frente a un comité de conferencias.
En respuesta a la orden de la Fical General, Turk & Quijano alega que los desalojos en cuestión empezaron antes de que el CARE Act comenzara a ser efectivo. La firma de abogados dice que desestimó casos cubiertos por la ley “con abundante precaución” luego de recibir las órdenes, y notificó a los inquilinos de la cancelación. Healey dijo que su oficina está también monitoreando los “desalojos por cuenta propia”, refiriéndose a los arrendadores que toman el asunto en sus propias manos bloqueando la entrada a los inquilinos, cancelando sus servicios o llevando a cabo otras prácticas ilegales.
"Llamamos a la Comisaría y les dijimos que ‘no pueden haber desalojos,’" dijo Healey. “Hablamos con los Jefes de las Policías quienes nos dijeron que si veían algún procedimiento de desalojo ‘lo iban a detener.’”
"Esto se trata acerca de mantener a la gente a salvo.”
La Fiscalía General fue alertada por el grupo de ayuda legal De Novo en Cambridge. La miembro del grupo Courtney Libon dijo que se dió cuenta de que Turk & Quijano estaba posiblemente tramitando desalojos ilegales porque pudo reconocer que los desarrollos de viviendas involucrados tenían financiamiento federal.
